Costa Rica: gobierno, empresarios y organizaciones sociales se enfrentan con tres proyectos para radio y televisión

Una nueva normativa para legislar la radio y la televisión en el país navega en un mar lleno de tempestades. La tierra firme ni siquiera se vislumbra.

Por María Fernanda Cruz, maria.cruz@elfinancierocr.com

La meta de presentarle un nuevo proyecto de Ley de Radio a la Asamblea Legislativa en junio continúa en pie, anunció el Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) en un comunicado oficial, pero eso no significa que su propuesta llegue a convertirse en ley algún día.

Para tocar tierra tendrá que sortear más que críticas: ya un grupo organizado de académicos y miembros de distintas comunidades presentó un nuevo anteproyecto ante el Colegio de Periodistas y las molestias entre el empresariado son tan fuertes que incluso tejen su propia propuesta.

“Para nosotros el anteproyecto (del Micitt) no va”, sentenció Fabio Masís, director de la Cámara de Infocomunicaciones (Infocom), quien también planteó la posibilidad de generar una propuesta adicional. Sería el tercer proyecto de ley en un año.

La Infocom representa a varias televisoras, así como a otros concesionarios del espectro radioeléctrico, que es la red por la cual transitan las ondas que llevan la señal de televisión, radio y otras telecomunicaciones.

La Cámara que reúne a los concesionarios de radio y televisión (Canartel) declinó dar declaraciones. Saray Amador, su presidenta, explicó que no adelantarán criterio hasta que le presenten sus críticas formalmente al Micitt, en un foro que se realizará el 8 de abril.

Una ley necesaria

La nueva legislación vendría a sustituir a la redactada en 1954, cuando la televisión ni siquiera había llegado al país.

Sus carencias son tan amplias que actualmente un concesionario paga, como máximo, ¢3.000 por año por operar su frecuencia. Al menos así lo establece la ley, que fue calificada como obsoleta por la Contraloría General de la República en el 2012.

Por eso, las modificaciones en las diferentes propuestas son profundas y tocan, irremediablemente, las fibras más sensibles de los sectores involucrados.

A los empresarios les preocupa que el documento de trabajo que presentó el Micitt incrementa la “intervención” del Estado en los medios de comunicación.

El anteproyecto estableció, por ejemplo, una falta grave por difundir “noticias falsas” o que llamen a una falsa alarma. También sancionarían el uso de lenguaje vulgar o “contrario a las buenas costumbres” en los programas de televisión o radio. “¿Pero, qué son las buenas costumbres?”, se preguntó Masís.

El Gobierno, además, tendría la potestad de operar los servicios de radiodifusión cuando se declare estado de emergencia.

Tampoco les parece razonable que la ley otorgue permisos de uso diferenciados para las radios comunitarias y las comerciales.

El Micitt definió que las radios comunitarias solo necesitarán de un permiso para operar, el cual será renovado cada cinco años, siempre que las emisoras cumplan con la ley.

En cambio, las radios y televisoras comerciales deberán participar en un proceso de licitación.

Dos proyectos se enfrentan

Un grupo de organizaciones sociales trabaja desde hace seis años en una iniciativa que vio la luz la semana pasada.

Se llama “Ley participativa de radio y televisión” y pretenden llevarlo al Parlamento como una iniciativa popular.

Su enfoque es pluralista, dicen sus proponentes, pues plantea que el espectro radioeléctrico debe estar a disposición de más actores sociales y plantea la prohibición expresa de la concentración de medios.

Según el proyecto, las condiciones actuales en que operan los concesionarios deben también cambiar con la transición tecnológica a la televisión digital, que está pensada para concluir en diciembre del 2017.

Cuando un canal pasa de analógico a digital, permite la multiprogramación: en esa misma porción que antes utilizaban para transmitir un solo canal, ahora pueden transmitir de dos a cinco.

Allí reside uno de los mayores temores de los concesionarios.

Para los adjudicatarios actuales, la porción de espectro que ahora tienen es la que deben mantener. En ello el Ministerio ha recalcado que está de acuerdo.

El proyecto de la RedMica viene a poner esto en entredicho, pues plantea que los concesionarios tienen derecho a transmitir en iguales condiciones y eso no se ve afectado si se reasignan las frecuencias digitales que ahora les “sobran” a los concesionarios.

“En el espacio donde hoy trabaja un operador, ahí podemos ubicar hasta cinco operadores”, dijo Marvin Amador, promotor del proyecto de ley.

En estas condiciones, ¿cómo se pondrán de acuerdo?

Probablemente hubiese sido más fácil, dijo Fabio Masís, de la Infocom, si el Gobierno hubiese preparado el proyecto de la mano de los operadores y no lo hubiese sometido a consulta cuando ya estaba listo.

La RedMica, por su parte, afirmó que se reunirá con el Micitt.

Dos proyectos atizan las dudas

Las propuestas de ley están hoy todavía en discusión.