Entrevista a Guillermo Mastrini: “Hay que ver si el gobierno está a la altura del fallo de la Corte y asume las tareas que tiene pendiente”

Por Dafne Moncada

A fines de octubre la Corte Suprema Argentina declaró Constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, descartando las demandas del Grupo Clarín respecto a los artículos 41, 45, 48 y 161de la normativa. Uno de los argumentos del fallo de la Corte fue que «se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes». Y agrega que la ley es coherente «con la libertad de expresión y el derecho de los consumidores a la información».

Conversamos con Guillermo Mastrini, Director de la Maestría de Industrias culturales de la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina y uno de los impulsores de esta ley para conocer su opinión frente al fallo de la Corte Suprema y los desafíos que debe enfrentar ahora el Gobierno.

¿Cuál es su opinión del fallo de la Corte Suprema respecto a la Ley de  Medios?

Yo creo que es un fallo muy importante por dos cosas: En primer lugar, porque concreta la plena constitucionalidad de la ley, que era una cuestión necesaria para tener una certeza sobre cómo se iban  a desarrollar las cosas en Argentina a partir de ahora. La segunda cuestión es, que me parece más importante todavía, porque deja sentada una nueva condición de libertad de expresión sobre cómo debe pensarse la relación  entre el estado, el sistema político y el sistema de medios. Básicamente, resumiendo mucho los puntos del fallo,  lo que dice la Corte Suprema es que hay dos concepciones de la libertad de expresión: una de tipo más individual, que históricamente fue protegida y de  la cual derivarían derechos patrimoniales; y otra más social, que la Corte señala que ese afán colectivo y social de la libertad de expresión se debe considerar en el contexto actual donde los medios de comunicación tienen un rol muy importante, por lo tanto, debe considerarse que en esa línea, la posibilidad de expresarse no debe ser considerada sólo como una cuestión abstracta, sino que debe entenderse que la difusión debe asimilarse a la expresión. Y en esa línea  el Estado tiene que tomar las medidas necesarias para garantizar al conjunto de la población su derecho a la libertad de expresión.

Ahora que no está en tela de juicio la Constitucionalidad de la ley, ¿Cuáles son los puntos más críticos que el Gobierno debe realizar para su plena aplicación?

Bueno, yo creo que tiene muchas tareas, algunas debería haberlas encarado previamente, es una pena que no lo haya hecho. La cuestión es que ahora ya no tiene más excusas para ir adelante. Yo diría que, básicamente, una cuestión muy importante es avanzar en el cumplimiento del 33% de reserva para los medios sin fines de lucro que establece la ley, para ello tiene que elaborar un plan técnico, conocer bien cómo está el espectro disponible y poder definir esto.

Una segunda cuestión que tiene pendiente en relación a la ley es garantizar que los medios públicos sean plenamente públicos, y que no haya una concepción  gubernamental de los medios de comunicación de propiedad del Estado. Y, finalmente, una tarea que evidentemente va a ser compleja, pero que también es sumamente necesaria, es proceder a controlar los planes de adecuación  que han presentado todos los grupos de comunicación que exceden la cantidad de licencias permitidas y que, por lo tanto, una vez que la ley haya sido declarada constitucional, tienen que adecuarse a la normativa.

Respecto al artículo 45  que prohíbe que un mismo operador acumule licencias de TV, radio y cable y que un cable llegue a más del 35 por ciento del país, impugnado por el diario Clarín y que finalmente fue declarado constitucional por la Corte Suprema, ¿qué opina del argumento que señala que no se puede limitar con un 35% a los operadores de cable porque no ocupan el espectro radioeléctrico?

La Corte Suprema dijo claramente, y yo comparto su criterio, que no se trata de que si ocupan  o no el espectro, que aquí lo que está en juego es la libertad de expresión. El cable es un medio de comunicación, es una vía de transporte muy significativa para la sociedad y que, por lo tanto, el hecho de regular o no regular no depende de si usa o no espectro, sino de si afecta o no la libertad de expresión. Y la  Corte entiende claramente que regular el servicio del cable de ninguna manera afecta a la libertad de expresión.

¿Qué piensa del resguardo al que apuntó la Corte Suprema de que los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de Gobierno y generar políticas públicas transparentes sobre la publicidad oficial?

Yo creo que son cuestiones también sumamente necesarias.  Lo de la publicidad oficial no te lo mencioné porque no está incluida en la ley. La ley es una ley de servicios de comunicación audiovisual. La publicidad oficial es una cuestión que afecta al conjunto de los medios de comunicación y, por lo tanto, está por fuera de la ley. Me parece muy bien que la Corte haya señalado que sería conveniente que eso también se protegiera, pero lo que hay que distinguir es que esa parte de la sentencia es de carácter  de recomendación, es lo que se llama en términos jurídicos “obiter dictum”, es decir, es algo que la Corte dice que sería conveniente que ocurra, pero  no tiene que ver con la parte sustantiva del fallo.

En este escenario, ¿podríamos decir que Argentina está encaminada a una realidad medial libre de monopolios?

Bueno, no. Yo creo que lo que queda es un camino muy largo efectivamente: transformar esto en algo libre de monopolios o de oligopolios, que sería lo más razonable de hablar, va a ser un camino bastante largo. Pero bueno, en todo caso yo diría que se están dando las condiciones para que aquello ocurra. Ahora teníamos muchas limitaciones, pero efectivamente  lo que ha hecho la Corte es liberar el proceso, permitir que el proceso de desconcentración se inicie, pero eso no quiere decir que esté allanado  el camino plenamente, porque todavía hay un montón de políticas muy significativas que deben ser emprendidas por el Estado y que ahora lo que hace falta es que se complementen el fallo de la Corte, con una política actividad del Estado que consagre esta cuestión. Entonces, me parece que ahora hay que ver si el gobierno está a la altura del fallo de la Corte y asume las tareas que tiene pendiente.