España: El código penal de Gallardón es una nueva Ley Hinzpeter

El Gobierno Español aprobó la Reforma al Código Penal introducida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón (en la foto), ahora falta su tramitación en el parlamento. Este hecho ha generado un gran debate en distintos sectores respecto a su posible inconstitucionalidad porque instaura la prisión permanente revisable, que posibilitaría una prisión perpetua y criminaliza la protesta social, tal como pretendía hacerlo en Chile la Ley Hinzpeter al penalizar a las personas que convoquen, de manera individual o colectiva,  a manifestaciones sociales. De igual forma se castiga a quienes interrumpan el tránsito y hagan ocupaciones o tomas en lugares públicos o privados.

Madrid. (EUROPA PRESS).- El nuevo Código Penal ha pasado su primer examen en el Congreso de los Diputados con el rechazo por parte del PP, UPyD y UPN a las enmiendas de totalidad que ha presentado buena parte de la oposición, muy crítica con una de sus principales novedades, como es la prisión permanente revisable.

En el debate, el PSOE, la Izquierda Plural, CiU, PNV, ERC y BNG han defendido sus enmiendas de totalidad y junto a otros partidos, como Coalición Canaria o Amaiur, han denunciado la política de los ministros de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y de Interior, Jorge Fernández Díaz, a los que algún portavoz ha tachado de «peligro» para las libertades.

Frente a los grupos que piensan que el Gobierno está tejiendo un «entramado legal» para acallar las movilizaciones sociales, el ministro ha tachado de «pura demagogia» sostener tal argumentación ya que es «respetuoso» con los derechos de expresión o reunión de los ciudadanos siempre que no conlleven violencia.

Ruiz-Gallardón ha defendido la plena constitucionalidad de la prisión permanente revisable, que no es, a su juicio, «inhumana» ni «populista» y que constituía un «compromiso» electoral del Partido Popular, mientras que la oposición ha coincidido en que el texto introduce «de forma eufemística la cadena perpetua» y es benevolente contra la corrupción, mientras «criminaliza» el descontento social.

La prisión permanente revisable se aplicará a casos de excepcional gravedad, como homicidios terroristas, los cometidos contra el Rey o el Príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros, genocidios y crímenes de lesa humanidad con homicidio. Además se reserva para casos en los que la víctima sea menor de 16 años o especialmente vulnerable, en asesinatos múltiples o aquellos que hayan sido cometidos por un grupo criminal o tras un delito contra la libertad sexual.

El Gobierno también ha puesto el acento en la lucha contra la piratería al contemplar una pena de hasta seis años de prisión para las conductas más graves cometidas por los responsables de webs de enlaces, que hasta ahora no eran castigadas.

Criminalizar la protesta ciudadana

Otro de los aspectos que ha suscitado controversia es el relativo a los delitos por alteración del orden público, definida a partir «de la referencia al sujeto plural y la realización de actos de violencia sobre cosas y personas» y en la que también se sanciona expresamente «la conducta de aquellos que no participan directamente en los actos de violencia pero incitan a los otros».

«Lo que hace es penalizar casi todas las conductas de protesta llevadas a cabo por los ciudadanos en los dos últimos años. Casi parece que han cogido un listado de las diversas formas de protesta llevadas a cabo y las han metido en el Código Penal», señala Gómez Cuadrado.

«Entrar en una sucursal bancaria a reclamar y que te fuercen a salir mientras te resistes, podrá ser un delito que, además, se le puede imputar a los acompañantes de la persona que va a reclamar e incluso al grupo que, supuestamente, ‘les ampare’. Por participar en una sentada pacífica podrás ser acusada de resistencia a la autoridad, podrás ser procesado por haber alentado una manifestación (vía redes sociales) en la que al final alguien haya sido imputado de algún delito», enumeran en No Somos Delito.