México: Radio indígena, la desprotegida de la reforma telecom

La reforma al sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión abre la puerta para que los gigantes de la radio puedan ingresar a nuevos mercados en grupo o en solitario y a negocios históricamente ambicionados por este sector, como al proceso de adjudicación de las dos nuevas cadenas de televisión digital abierta, licitación al que algunos radiodifusores ya confirmaron su intención de participar.

Pero la nueva legislación, tanto las modificaciones constitucionales, como las reformas a una docena de leyes reglamentarias del rubro, deja en la indefinición a las radios comunitarias e indigenistas, ahora denominadas por la ley como “medios sociales”.

Como aspecto positivo, la reforma al sector reconoce en la legislación la figura de radio comunitaria, lo que brinda certidumbre jurídica a estas emisoras, pero como factor negativo, envía a éstas a transmitir por anchos de banda, si los hay disponibles, que son costosos de operar, que nadie escucha o cuyas transmisiones no serán captadas por los nuevos aparatos de radio recepción.

Los proyectos de ley obligaban en un principio que las radios comunitarias no tuvieran mayor potencia de alcance de cobertura que 20 Watts, el equivalente a poco más dos manzanas de una colonia o un kilómetro a la redonda desde su punto de origen.

También sanciona con mayor seriedad al ciudadano o grupo de ellos que de manera irregular comiencen a operar una de estas frecuencias. La ley perfila que la sanción para este delito tenga más peso para quien lo cometa, que para quien sea condenado por el delito de trata.

La reforma reconoce en la industria de la radiodifusión (televisión y radio) cuatro ordenamientos para categorizar a las emisoras de radio: comerciales, privadas, públicas y para uso social, éstas últimas deben tener como fin el fomento de los aspectos culturales, educativos, científicos o los valores de su comunidad.

Se les prohíbe además conseguir financiamiento privado, es decir, comercializar su tiempo aire, luego que las modificaciones establecen que deberán mantener sus operaciones con las aportaciones que el Estado les canalice. En este sentido, la reciente legislación determina que el 1% del gasto anual del gobierno federal, así como el 1% del presupuesto de los gobiernos estatal y/o municipal debe ir al financiamiento de las radios comunitarias o indígenas.

El financiamiento que el gobierno debe mantener para estas emisoras brinda la seguridad de que contarán con un sustento económico para sus operaciones, pero podría comprometer su libertad de expresión. Tampoco existe certeza de que los recursos federales lleguen con celeridad y en su totalidad a estos organismos, pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no ha emitido aún los mecanismos que reordenen la actividad de las radios comunitarias, coincidieron expertos.

La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT, mantuvo una intensa actividad durante la discusión de la reforma telecom para que las radios comunitarias no contaran con la posibilidad de comercializar sus tiempos. La industria argumentó que al ser de objeto social, las comunitarias y las indígenas no deben lucrar con las señales del espectro radioeléctrico por las que transmiten.

Permitirles esta acción, vulnera a la industria, había venido argumentando la CIRT, pues los radiodifusores invierten en el despliegue de redes, generan fuentes de empleo, además de que deben pagar una contraprestación por el aprovechamiento del espectro bajo su concesión.

COMUNITARIAS DISCRIMANADAS

Pero el obligarlas a que sólo sobrevivan con los recursos que provea el Estado las condena a “alinearse”, a comprometer su línea editorial y demuestra que los industriales de la radio comercial no quieren más competencia que cuenta con mucha exposición, pero que crece menos cada vez. De acuerdo con datos de la CICOM, el negocio de la radio ha reportado ingresos sobe los 5,700 millones de pesos por año, desde el 2011.

“Tan se notó la presión de las cámaras industriales, que es tan obvia la discriminación de siempre. Se nota la mano de la CIRT, ellos cabildearon mucho para imponer varias de sus condiciones. Se pudieron hacer varias cosas, como permitirles comercializar sin que ello afectara los intereses de los industriales, pero los radiodifusores no quieren porque no quieren que se les toque su statu quo; están acostumbrados a que ese es “su” espectro y a que no entre nadie más”, dijo Aleida Calleja, ex presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc).

En cuanto a anchos de banda para que las comunitarias y las indigenistas puedan transmitir, la reforma perfila una reserva espectral del 10% de la banda de Frecuencia Modulada (FM) en su parte “más elevada”. En la banda de Amplitud Modulada (AM), la nueva legislación envía al rango de los 1,600 y 1,700 Kilohertz (KHz) la transmisión de estas emisoras.

En ambos casos, es complicado que una radio comunitaria pueda operar con relativa facilidad.

En la banda de FM, los medios de uso social tienen la posibilidad de transmitir entre los 106 y los 108 Megahertz (MHZ), pero tal espectro ya está ocupado por otras estaciones de radio, por ejemplo, en la ciudad de México, tres emisoras, dos comerciales y una pública, utilizan tales frecuencias.

En la banda de ampliada de AM, desplegar la infraestructura necesaria para transmitir señales de radio por las frecuencias que van de los 1,600 a los 1,700 KHz es “demasiado costoso, se necesitan terrenos para antenas, dinero, y dinero precisamente lo que no tienen ellos”, dijo la ex presidenta de la AMARC y también de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Además, el espectro de la banda de AM asignado a las radios sociales ya no es recibido por la mayor parte de los aparatos de recepción debido que el dial de los actuales equipos, en su mayoría, alcanzan a captar señales de AM que llegan hasta los 1,600 Kilohertz.

SE ENSAÑARON CON LOS INDIGENISTAS

Con políticas como la que fija la reforma al sector, alrededor de 15 millones de mexicanos tendrían una opción menos de radio. Las estaciones comunitarias e indígenas, por su misión, tienen el potencial para llegar a ese número de personas en todo el país, pero las nuevas regulaciones pondrían en el camino de la desaparición a varias de ellas.

“Las radios comunitarias son las más castigadas, parece que se ensañaron con ellas. El hecho de enviarlas a la parte más elevada de la banda de FM es un aspecto discriminatorio, mientras que a la radio comercial no se le establece que sólo puede ir por una porción específica del espectro. Todo ello va contra el principio de equidad. Mandarlos al final es como mandarlos al patio de atrás. Aparte de que no pueden comercializar, quién los va a escuchar y eso si hay espectro”, mencionó Gabriel Sosa Plata, analista en telecomunicaciones.

Para que las radios comunitarias e indígenas contaran con el acceso a la banda de FM, al ancho de banda asignado y donde podrían transmitir hasta tres emisoras por plaza, el IFT debe reordenar el espectro; modificar la norma que establece que entre frecuencia debe haber 800 KHz de espacio para evitar las interferencias.

La tecnología permite que este espacio pueda “achicarse” hasta los 400 KHz, con lo que habría una eficiencia del espectro para que entraran nuevos jugadores y los medios sociales.

“Esto que quieren hacer ahora parece bueno hace 20 años, pero ahora ya no es bueno. En la banda ampliada de la AM es casi imposible operar por los altos costos, casi del doble que en FM. Además, la radio en AM ya va de salida. Ojalá no lo hayan hecho adrede.

Falta que el IFT salga a decir que lanzará un programa en el que anuncie acciones de poner disponible algún espectro disponible y allí diga cuántas comunitarias puede meter. Para eso no tiene porqué pedir permiso a los industriales”, añadió Sosa Plata.

MÉXICO NO VE POR SUS COMUNITARIOS

La radio indigenista y comunitaria tiene una misión de promover los valores de la comunidad, de perpetuar aspectos culturales y la lengua de los pueblos que la operan.

En América, salvo México, los países de la región han destinados porciones enteras del espectro para este tipo de estaciones. En Brasil el gobierno perfila que cada municipio cuente con al menos una radio comunitaria. Argentina acaba de disponer de un ancho de banda específico para este fin. Mientras que en Colombia el regulador va cada región a supervisar la operación de las emisoras comunitarias.

La Organización Internacional de Telecomunicaciones realiza continuamente recomendaciones para que los Estados asignen porciones específicas del espectro para las estaciones sociales, pero han sido poco atendidas en México.

“La radio comunitaria permite a la sociedad integrarse como país. En México la normatividad es muy magra. Se hizo poco por ellas y mucho porque no se tocara el entorno económico de la radiodifusión comercial. La CIRT cabildeó muy activamente y ahora ellas tienen que vivir del presupuesto público, lo que puede comprometer su derecho legítimo de preservar costumbres, valores o su lengua”, argumentó Jorge Fernando Negrete, director general de Mediatelecom Policy & Low.

REFORMA DEBE REFORMARSE

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias diseña desde hace un mes una estrategia legal y reúne los argumentos para presentar un amparo en juzgados civiles y especializados en telecomunicación lo que considera es una afectación a los intereses de los “radiodifusores sociales”.

La iniciativa estaría acompañada además por la Amedi y otros organismos civiles. El argumento principal de los quejosos será el de la afectación a la libertad de expresión al prohibirles comercializar su tiempo aire y a vivir sólo del dinero público, lo que compromete su línea editorial.

El siguiente argumento será el de la discriminación, el que los obliga a transmitir por ciertas frecuencias.

Cualquier acción legal demorará entre uno y dos años y en el camino pudieran perecer algunas emisoras comunitarias, acepta Aleida Calleja.

Pero la ex presidenta de la Amarc confió en que algunos obstáculos podrán rebasarse, “si no en la Suprema Corte, sí en la Corte Interamericana”.

“Sin duda podrán esperar acciones judiciales de amparo, porque es el sector que fue más discriminado. Porque se violan asuntos de libertad de expresión, de igualdad ante la ley; de derechos humanos en el sentido de que las leyes tienen que tener progresividad en cuanto a los derechos humanos. Podrán haber buenos resultados, los comunitarios tienen un buen historial de haber ganado ya otros amparos”, enfatizó Aleida Calleja.

Tomado de EL ECONOMISTA