En El Salvador algo se mueve y no gusta al sector comercial de la radiodifusión.

Por ahora, la mayor posibilidad de avanzar en el debate y abrir el camino de reforma al marco normativo de las comunicaciones se daría con una sentencia de inconstitucionalidad de la Corte, que obligue a la Asamblea Legislativa a modificar la Ley de Telecomunicaciones…

Leonel Herrera*/ El Salvador

“Democratizar las comunicaciones es un punto relevante de nuestro compromiso por defender la libertad de expresión y el derecho a la comunicación.  Es importante transparentar los mecanismos de concesión de frecuencias y estimular la creación de nuevos medios, para terminar con el oligopolio de empresas televisivas y radiofónicas que limitan la pluralidad (…) nuestra intención es promover la tolerancia, el respeto a la libertad de expresión y la democratización de las comunicaciones para una sociedad más justa, incluyente y equitativa. Los medios públicos, privados y comunitarios son parte de la fuerza cultural que es riqueza y futuro del país, fuerza que permitirá la transformación cultural para el Buen Vivir.”

Estos son fragmentos del discurso del Presidente Salvador Sánchez Cerén, en una recepción por el Día del Periodista, el 31 de julio de 2014. Es además, una muestra del posicionamiento que ha logrado en la agenda pública el debate sobre el derecho a la comunicación y las iniciativas para democratizar el esquema mediático. Esto ha sido resultado de la incidencia de medios comunitarios y  organizaciones populares que proponen nuevos marcos regulatorios y políticas públicas que construyan un modelo de medios democrático que garantice el pluralismo y la diversidad de voces.

El programa de gobierno con que el presidente y su partido, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ganaron las elecciones en marzo de este año incluye entre sus propuestas: “promover la conversión del espectro radioeléctrico analógico a digital con el propósito de ampliar la cantidad de frecuencias disponibles, mejorar los mecanismos para asignar las concesiones y estimular la creación de nuevos medios; y fortalecer el desarrollo de los medios públicos, privados y comunitarios”.

Algo se mueve: proyectos de ley, demandas de inconstitucionalidad y otras resoluciones

Esta agenda también se ha colocado en la agenda de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. La primera estudia un proyecto de ley de radiodifusión comunitaria y otro de medios públicos,  a su vez la Corte analiza dos demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones.

La primera reconoce a los medios comunitarios, les reserva un tercio de frecuencias disponibles en el actual sistema analógico y  en el nuevo dividendo digital y establece un concurso público para asignar las concesiones;  la segunda crea un sistema nacional de medios públicos, pluralistas e independientes de los gobiernos en turno. Ambas proponen crear una defensoría del público y priorizar la producción de contenidos propios.

Además existen dos demandas de inconstitucionalidad presentadas por miembros de la ReDCo. La primera se interpuso en agosto de 2012, impugnando la subasta como único mecanismo para asignar frecuencias en el país. la Sala Constitucional ha prometido emitir pronto una sentencia definitiva; mientras tanto, está vigente una medida cautelar que suspende temporalmente la subasta. Dicha medida fue desestimada al momento de admitir la demanda, pero la Sala la reconsideró recientemente en el contexto del debate por la subasta de seis canales de televisión que pretendía realizar su Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).

A los proyectos de ley y demandas de inconstitucionalidad, se suma una resolución de la Superintendencia de Competencia emitida en junio pasado. Esta resolución recomienda reformar la Ley de Telecomunicaciones en varios aspectos que impiden la competencia en el ámbito comunicacional y generan concentración mediática: mecanismo de subasta para asignar frecuencias, renovación automática de las concesiones y falta de límites a la concentración, los mismos puntos impugnados en las demandas de inconstitucionalidad.

En el debate también está una investigación de la Fiscalía sobre algunas actuaciones de la SIGET y la moción de crear una comisión legislativa para investigar todas las concesiones radioeléctricas, debido a posibles anomalías en la asignación y uso de algunas de éstas. Esta propuesta es particularmente relevante dado que en el año 2017 será la renovación de las concesiones de radio y televisión, y va en la línea de una auditoría de frecuencias solicitada por ARPAS a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH).

La oposición de los “grandes medios”

Estas propuestas, sin embargo, tienen su mayor obstáculo en la oposición de los grandes medios audiovisuales aglutinados en la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) y los diarios impresos vinculados a la derecha oligárquica. ASDER ha pedido a la Asamblea que no apruebe el proyecto de ley de medios comunitarios y que modifique sustancialmente el de medios públicos, y ha criticado las demandas de inconstitucionalidad (aunque celebra la suspensión temporal de las subastas porque esta vez ellos estaban fuera del “reparto”).

ASDER también lucha contra la decisión legislativa de incluir a los medios en lista de sujetos susceptibles de ser investigados por lavado de dinero y de eliminar la exención tributaria que una caduca ley de imprenta otorgaba a los grandes periódicos. Lo primero se debe a una reforma a la Ley contra el Lavado de Dinero exigida por la embajada estadounidense y la segunda es parte de las reformas tributarias que impulsa el Ejecutivo.

 La perspectiva de avanzar

Por ahora, la mayor posibilidad de avanzar en el debate y abrir el camino de reforma al marco normativo de las comunicaciones se daría con una sentencia de inconstitucionalidad de la Corte, que obligue a la Asamblea Legislativa a modificar la Ley de Telecomunicaciones. Esta sería la ocasión propicia para una revisión completa completa, actualizando los aspectos técnicos y armonizarla con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

Esto, sin embargo, no es tarea fácil. Los grandes intereses mediáticos están representados en la Asamblea Legislativa. El grupo parlamentario del gobernante FMLN, único que respalda abiertamente la democratización del sistema de medios, necesita concertar acuerdos con algunos grupos parlamentarios de derecha para aprobar medidas legislativas; pero en este tema los acuerdos parecen muy difíciles.

La incidencia, movilización y presión ciudadana tendrán que multiplicarse.

*Leonel Herrera es periodista. Director ejecutivo de ARPAS y vicepresidente de ALER.

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