El cierre de “La Nación”, un tema de Cultura y de Estado

Ante el debate legislativo y legal por la eventual extinción del diario La Nación, mediante el posible cierre de su último reducto: la versión digital, la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, representada tanto por sus académicos como por sus estudiantes, lamenta nuevamente dicha situación pues ella empobrece nuestro espacio público nacional, al acallar una de sus voces tradicionales a lo largo del Siglo XX y hasta ahora, por un  espacio de 95 años.

Así  ya lo hicimos ver en su oportunidad con motivo del cierre de la edición en papel y con motivo de la aplicación de la primera etapa del proceso de término de este diario.

“La Nacion”,  medio al que se ha acusado parcialmente de  “oficialista” y de no ser más que una caja de resonancia de los gobiernos de turno, si bien se ha caracterizado en alguna medida por eso, también -y no en menor grado- ha sido un espacio abierto a la cultura, con suplementos específicos, de calidad y alternativos, precisamente, respecto de la cultura oficial. Ha sido igualmente un espacio de fiscalización de las autoridades y de auscultamiento de las distintas caras del poder, ya sea en sus facetas política, económica, social o cultural y a través de proyectos que han marcado época y pauteado la agenda nacional, como fue, por ejemplo, “ La Nación Domingo”.

Esta situación ambivalente ha sido así quizás por una  gestión periodística errática y contradictoria en el tiempo, precisamente por depender  de los cambios en la conducción del Estado y por la concepción utilitaria de algunos sectores políticos respecto de la funcionalidad y el rol de la prensa. Sin embargo, esta misma circunstancia y el hecho de haber contado con un respaldo económico estable y no sujeto a los vaivenes del mercado permitió al mismo tiempo el desarrollo de perspectivas y contenidos habitualmente marginados o invisibilizados por la cobertura tradicional. Tales etapas y publicaciones tendieron a refrescar y renovar en buena medida  el debate público chileno.

En consecuencia, lo que esta situación pone en análisis, más allá de la argumentación en torno a la viabilidad o rendimiento económico de una empresa periodística, es el rol que le compete al Estado como actor en el espacio público nacional y su respectiva definición acerca de una política nacional de comunicaciones.  En este sentido, la pregunta no es simplemente si el Estado debe tener un diario. Ella es más amplia y nos urge a pensar en el rol social del Estado respecto de las comunicaciones.

Y, en ese sentido, nuestra opción sugiere la necesidad de que existan medios de comunicación que sean inclusivos; que den voz a aquellos que no la tienen o que suelen quedar al margen de los intereses del mercado, que -como se ha visto- no es neutral ni menos objetivo, por cuanto tiende a favorecer y a respaldar aquellas iniciativas que se enmarcan principalmente en  criterios de rentabilidad y eficiencia económica.

Si queremos un país multicultural y diverso, donde haya espacio para muchos y no sólo para unos pocos, donde la diferencia sea verdaderamente efectiva y no sólo un asunto de retórica, y en donde el “otro” tenga también posibilidades de expresión, el Estado debe intervenir, favorecer y apoyar iniciativas comunicacionales, tal como lo ha estado haciendo actualmente con el Fondo de  Medios Regionales, en donde, precisamente, el Estado es el que aporta recursos para el financiamiento de medios y emprendimientos fuera de Santiago que se levanten como voces alternativas a los poderosos discursos nacionales masivos provenientes de la capital. Así lo consagra la Ley Nº 19733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, promulgada el 2001. Y es allí, precisamente, en donde también hay  que propiciar alternativas con similar criterio. Modelos al respecto existen en el mundo y también se  puede asumir su gestión como parte de una dimensión creativa y  experimental, por parte del Estado y sus responsables más allá de los gobiernos de turno,  que tenga por finalidad renovar permanentemente los aires del debate, la información y la reflexión nacional.

Al respecto, también nos llama la atención que el Ministro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes  poco haya dicho al respecto y que su voz no sea una de las que haya fijado posiciones en esta materia, cuando  un periódico -y más aún uno con la trascendencia de “La Nación”, con un archivo patrimonial del país- representa uno de los acervos culturales más ricos y concretos nuestra  sociedad.  Resulta sintomático que sobre el tema se haya pronunciado principalmente el vocero de Gobierno y algunos ministros como los de Interior y de Economía.

Como Escuela creemos que el caso de “La Nación” pone en el tapete un tema de fondo en la conformación de nuestra sociedad, cual es la amplitud, diversidad y profundidad del debate nacional, que es la base de nuestra sustentación  democrática y de su riqueza,  una riqueza de múltiples dimensiones y de miradas más amplias que sólo la del capital.  Justamente, se trata de  la mirada de nuestra cultura y del rol que al Estado le compete en su conformación.

En este sentido, respaldamos las acciones que están desarrollando periodistas, editores y trabajadores de La Nación, junto a diversas organizaciones sociales, para preservar este medio de comunicación y su legado, por cuanto su desaparición tiende a empobrecer aún más las voces existentes en nuestro espacio público.  En vez de eliminar, debemos fomentar las comunicaciones, el diálogo y la prensa. Nuestra democracia y todos ganamos con eso.